La noticia del escándalo por el pago de subvenciones en Educación ha generado ruido a nivel nacional. No sólo por el tema de los pagos irregulares a falsos sostenedores, sino también por préstamos de dinero destinados al Ministerio de Educación y por el pago de matrículas de alumnos que se encontraban inscritos en más de un colegio.

Este lamentable escenario me lleva a preguntarme acerca de cuán riguroso es el sistema de control de dichos recursos y también de aquellos otros subsidios destinados a las familias más vulnerables de nuestro país. Me parece que, como sociedad, no podemos seguir tolerando estas irregularidades ni podemos escudarnos en un discurso de “escasez de recursos para el control y la fiscalización de los subsidios”. Actualmente existen muchos mecanismos de control que podrían aplicarse también al sistema de subvenciones estatales para la educación.

Un buen ejemplo a seguir es el Sistema Rukan, software utilizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que le permite al Serviu y a las EGIS (Entidad de Gestión inmobiliaria Social) detectar a las personas que ya han recibido un subsidio habitacional con anterioridad. De esta forma, no sólo se vuelven más eficientes los procedimientos para la postulación a los subsidios habitacionales, sino que además, se garantiza que los recursos destinados a los más vulnerables y a quienes nunca han recibido una solución habitacional, lleguen a sus verdaderos destinatarios.

Ya es hora de que empecemos a buscar soluciones en conjunto y aprendamos de las buenas experiencias y las buenas prácticas de quienes trabajan verdaderamente por un país con un sistema de protección social destinado a los más vulnerables. Dejemos de entramparnos en discusiones sin sentido, en ataques poco constructivos y en discursos pasivos y resignados.